Aunque no deja de llamar la
atención que hasta ahora el Gobierno del Estado se ponga enérgico con sus
declaraciones hacia Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), no puede negarse
que la infraestructura del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hace
tiempo quedó rebasada y limita la posibilidad de que San Luis Potosí despunte
en el ámbito de carga logística.
En los últimos años, de
manera enfática los dirigentes de organismos empresariales han solicitado que
se retire a OMA la administración de la terminal aérea, ante la constante
negativa de abrirse a la inversión para la ampliación de su pista de aterrizaje.
Este crecimiento en
infraestructura permitiría que aeronaves de grandes dimensiones pudieran
aterrizar en el aeropuerto potosino, lo cual favorecería que el intercambio
comercial se diera a gran escala, ante las ventajas geográficas con que San
Luis Potosí cuenta y que lo ubican en una posición inmejorable en 500
kilómetros a la redonda.
Y no es de extrañarse la
postura de Grupo Aeroportuario Centro Norte. Un conflicto de intereses impide
que OMA opte por San Luis Potosí teniendo a Nuevo León como destino preferencial
para sus operaciones, hecho que posiciona a los grandes capitales regiomontanos
en una situación privilegiada para hacer negocios y detonar la economía no sólo de la región, sino incluso del país.
Bien por el Gobierno del
Estado que finalmente levanta la voz ante una necesidad imperante para
potencializar el desarrollo del Estado. Mal porque las grandes decisiones y
ahora sí las posturas firmes, se estén dejando convenientemente para el ocaso
del sexenio.
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